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Luego de impulsar la Ley de Extinción de Dominio, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, en camina pasos para lograr la aprobación de una legislación que regule los conflictos de intereses en el ejercicio de las funciones públicas.
La iniciativa que está en el Senado de la República, en estudio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene como norte impedir que los funcionarios realicen negocios con el Estado.
Si bien es cierto que existen varios instrumentos legales que hacen referencia y reglamentan determinados aspectos, no existe en el ordenamiento jurídico dominicano una legislación destinada a definir y delimitar los conflictos de intereses e incompatibilidades.
En ese sentido, el proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la prevención y gestión de los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, asegurando los principios de imparcialidad e independencia en las actuaciones administrativas.
“Es un proyecto que lo propusimos hace como un año y todavía no se ha conocido y se va a conocer próximamente. Vamos a impulsarlo ahora, porque en todo este tiempo estábamos impulsando específicamente la ley de Extinción de Dominio”, precisó Taveras Guzmán.
La propuesta legislativa forma parte de la agenda de prioridades del senador para el año 2023, quien tiene la convicción de que viene a reforzar la institucionalidad democrática del país.
Admite que no es una ley nueva, pues actualmente muchos países la tienen, pero si necesaria para organizar, refundar el Estado y transformarlo.
“Una sociedad se organiza en base a reglas y lo que te dan las reglas son las instituciones, los diversos conflictos que se dan en la sociedad solamente se pueden dirimir y conciliar en base a las instituciones, fuera de ahí es el desorden”, afirmó Taveras Guzmán.
Sostuvo que en el país persiste la cultura de tratar de resolver por debajo de la mesa y quien tiene “un chin de poder” quiere solucionar sus temas en base a esa cuota.
A su juicio, esa situación hay que acabarla, pues la República Dominicana es una nación con mucho potencial para dar un salto al desarrollo, pero hay que organizarse.
Es por eso que el anteproyecto abarca las rendiciones de cuentas de los funcionarios y establecer los lugares donde han desempeñado funciones.
“De eso se trata el proyecto, porque, generalmente, tienden a cometer actos de corrupción a través del tráfico de influencias para favorecer el sector al cual representan”, apuntó.
Para el senador es vital lograr transformaciones en la justicia, pues, sin un estado de derecho que funcione, no hay inversión.
Fuente: Diario Libre