Nacional | Justicia
La jueza Yanibet Rivas decidió variar la medida de prisión
preventiva a arresto domiciliario a cuatro de los acusados de corrupción en el
caso Coral, lo que ocasionó inconformidad en la defensa de los imputados,
porque está condicionada a los pagos de garantías económicas.
La magistrada del Sexto Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional dispuso arresto domiciliario al mayor general Adán Cáceres
Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; al coronel Rafael Núñez
de Aza, Rossy Guzmán (la pastora) y su hijo Tanner Flete.
Para salir de la cárcel los dos militares deberían pagar
100 millones de pesos, equivalente a 10 millones, mientras que la pastora y
Tanner, 50 millones, equivalente a cinco millones.
Las cifras menores corresponden al 10% del monto
establecido en la decisión judicial, en caso de que esta modalidad de pago sea
a través de una compañía aseguradora.
Sin embargo, los abogados de la defensa dicen que es
imposible que sus clientes puedan pagar esos montos por concepto de la garantía
económica.
Explicaron que el patrimonio de divisa que poseen los
imputados fue congelado por el órgano persecutor.
Aunque estos imputados habían solicitado la variación de la
medida, ahora se encuentran con la dificultad del pago, más el costo que
implica llevar grilletes electrónicos.
Fuente: el caribe
