Internacional
El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, denunció este lunes una "amenaza de invasión" de Estados Unidos y llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña, luego del anuncio del expresidente Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por su supuesto papel en "fomentar" la producción de drogas.
Trump prometió poner fin a la ayuda y anunció que este lunes evaluaría la imposición de aranceles, calificando a Petro de "líder narcotraficante" debido a los altos niveles de producción de cocaína en el país, principal exportador mundial de esta droga.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la declaración de Trump constituye una amenaza de acción terrestre o militar en Colombia y advirtió que la eliminación de narcocultivos forzada por EE. UU. afectaría la soberanía del país, ya sea mediante intervención militar o fumigación con glifosato.
La cancillería informó que el embajador colombiano ya se encuentra en Bogotá y que el gobierno anunciará en las próximas horas las decisiones al respecto.
Las tensiones se dan en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cercano a Petro, y mientras la Marina estadounidense mantiene buques de guerra en el Caribe. El pasado 17 de octubre, EE. UU. atacó una embarcación en aguas internacionales, dejando tres muertos, presuntamente vinculados al ELN, sin presentar evidencias.
Petro denunció que la acción representa una violación a la soberanía de aguas nacionales y aseguró que algunas víctimas eran colombianos pobres. Además, ha promovido cooperación militar entre Colombia y Venezuela, aunque Benedetti aclaró que no existe un acuerdo de combate conjunto contra EE. UU., como sugieren algunas narrativas de oposición y medios de comunicación.
En respuesta a la situación, Petro propuso la eliminación de aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial, con el objetivo de fortalecer la producción lícita en el país. El retiro de la ayuda estadounidense afecta a Colombia, que recibía más de 740 millones de dólares anuales, la mitad destinados a la lucha contra las drogas.
