Internacional
Diversas organizaciones de periodistas y de derechos humanos en Guatemala presentaron este jueves un memorial ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la liberación del comunicador José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva 34 meses en prisión preventiva.
Entre los firmantes se encuentran la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional, el colectivo #NoNosCallarán y el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Demos). Tras la entrega del documento, los grupos realizaron una caminata desde el Centro Cívico hasta la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala.
Mario Recinos, presidente de la APG, manifestó su profunda preocupación por la situación de Zamora Marroquín, señalando que su detención se ha prolongado “en condiciones que violan la Constitución, el Código Procesal Penal y los tratados internacionales”. Recinos denunció irregularidades en el proceso, como la negación de pruebas de descargo y la persecución de abogados defensores, algunos encarcelados o forzados al exilio.
El memorial solicita al Supremo garantizar la independencia judicial y el debido proceso, revisar las actuaciones del Ministerio Público y aplicar estándares internacionales de derechos humanos. Además, se pide el “cese inmediato de la prisión preventiva y su sustitución por medidas menos gravosas”.
Gonzalo Marroquín, periodista y primo de Zamora, destacó que el caso representa un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa en Guatemala. “No se trata de un caso de José Rubén Zamora, es un caso de la libertad de prensa y de la libertad de expresión de todo un pueblo”, expresó.
Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022 tras denunciar presunta corrupción en el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y de funcionarios cercanos. La Fiscalía lo acusó inicialmente de lavado de dinero y, posteriormente, abrió otros casos por supuesta obstrucción a la justicia y alteración de documentos migratorios. Aunque recuperó brevemente su libertad en octubre de 2024, en marzo de 2025 un juez ordenó su regreso a prisión preventiva.
Este caso ha generado preocupación internacional sobre la protección de periodistas y la libertad de prensa en Guatemala, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos fundamentales y el acceso a la información.
