El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de participar en una supuesta conspiración golpista tras su derrota electoral en 2022, un cargo que el exmandatario niega. La decisión fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien encabeza las investigaciones y argumentó que Bolsonaro incumplió las medidas cautelares que se le habían impuesto el mes pasado, entre ellas la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales o de comunicarse a través de terceros.
Según Moraes, el expresidente utilizó las cuentas de aliados y familiares, incluidos sus hijos, para difundir mensajes que incitaban ataques contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y solicitaban intervención extranjera en el sistema judicial brasileño. Como consecuencia, el magistrado ordenó su arresto domiciliario y prohibió al exmandatario recibir visitas, excepto las de sus abogados o personas autorizadas por el tribunal. Tampoco podrá usar teléfonos móviles ni permitir que sus visitantes graben videos o tomen fotografías.
La decisión provocó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del país. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump calificó el proceso contra Bolsonaro como una “cacería de brujas” y anunció la imposición de aranceles del 50% a varios productos brasileños. Desde Washington, el gobierno estadounidense también condenó la decisión del Supremo brasileño. En un comunicado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que el juez Moraes, sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por presuntas violaciones de derechos humanos, “utiliza las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia”.
Mientras tanto, en Brasil, los hijos del exmandatario han salido en defensa de su padre. El diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos, calificó el arresto como una acción “sin delito, sin pruebas y sin juicio”. “Brasil ya no es una democracia. El mundo debe tomar nota”, escribió en la red social X. El senador Flávio Bolsonaro, por su parte, declaró que la detención de su padre demuestra que el país vive “oficialmente en una dictadura”, acusando al juez Moraes de haber “desequilibrado” las elecciones de 2022 cuando presidía el Tribunal Superior Electoral.
El fin de semana previo a la detención, miles de simpatizantes de Bolsonaro se manifestaron en varias ciudades brasileñas. Durante las protestas en Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro colocó brevemente a su padre en altavoz durante una llamada telefónica, gesto que, según el Supremo, constituye una violación directa a las restricciones impuestas. Poco después, circularon en redes sociales fotografías y mensajes del expresidente con la frase: “Buena tarde, Copacabana. Buena tarde, mi Brasil. Y por nuestra libertad, estamos juntos”.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que tanto Jair Bolsonaro como su hijo Eduardo intentaron influir en autoridades estadounidenses para que sancionaran al juez Moraes y a otros funcionarios brasileños, lo que sería considerado como una forma de obstrucción judicial. Por esa razón, las medidas cautelares fueron reforzadas con la colocación de una tobillera electrónica y la prohibición de contacto entre ambos.
Con esta orden, Jair Bolsonaro se convierte en el cuarto expresidente brasileño en enfrentar prisión desde el retorno de la democracia en 1985. Antes que él fueron encarcelados Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer y Fernando Collor de Mello. Los expresidentes José Sarney, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso nunca fueron detenidos, mientras que Dilma Rousseff fue arrestada décadas antes de asumir la presidencia, durante la dictadura militar.
El caso continúa bajo revisión del Supremo Tribunal Federal, que deberá determinar si las acciones del exmandatario constituyen una violación grave al orden constitucional o un desacato a las decisiones judiciales previas. Mientras tanto, el escenario político brasileño se mantiene dividido entre quienes ven en esta medida un acto de justicia y quienes la interpretan como un golpe a la libertad política y la democracia del país.
