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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eludió este martes pronunciarse sobre la crisis política en Nicaragua, donde el mandatario, Daniel Ortega, ha desterrado y retirado la ciudadanía de cientos de personas opositoras en las últimas semanas.
En su rueda de prensa diaria, que duró cerca de tres horas, un periodista cuestionó al mandatario: "¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses (desterrados) y les ofrecería la nacionalidad mexicana?".
"Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos, sobre ese tema", respondió López Obrador pese a la conocida longitud de sus conferencias matutinas.
El 20 de febrero, una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio de López Obrador ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 personas de Nicaragua.
El silencio del mandatario mexicano contrasta con el de otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica, como el del presidente chileno Gabriel Boric -quien ha condenado el hecho y se ha referido a Ortega como "dictador"- y el de Argentina que este martes ofreció la nacionalidad a los grupos desterrados.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a solicitud de la agencia EFE, respondió el 16 de febrero que "México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua". En este sentido, sostuvo que "se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria".
"Y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa", matizó.
Aunque López Obrador ha condenado de forma explícita la crisis de Perú bajo el mando de Dina Boluarte y ha ofrecido asilo a la familia del exmandatario Pedro Castillo, ha guardado una polémica ambigüedad ante Nicaragua y las denuncias de represión a personas opositoras por parte del Gobierno de Ortega.
fuente (efe, el universal)
